Por Agustina Ramón Michel*
A Lucía “la suerte” no la había acompañado. Es sobreviviente de una red de trata, es decir, de una de las formas de explotación más extremas a las que se puede estar sometida. Quedó embarazada en ese contexto de violencia sexual y solicitó la interrupción de su embarazo en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba avalada legalmente para hacerlo, tal como lo recordó la Corte Suprema de la Nación en la sentencia de marzo de este año. Hoy, el Estado podría haber aparecido en la vida de Lucía, ofreciéndole contención y respuesta, pero no lo hizo.
Una de las funciones que tiene el Estado es evitar que “la suerte” de las personas esté echada de una vez y para siempre. Esto es, por ejemplo, que alguien que nace en la pobreza extrema no esté condenada, como destino, a continuar en esa situación, sino que el Estado, a través de sus políticas, tenga un impacto en las posibilidades vitales de esa persona. En la Argentina, la Constitución Nacional así como nuestros acuerdos políticos y medidas institucionales parecen coincidir en esta finalidad.
El jueves el Jefe de Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a registros periodísticos, manifestó en una cena oficial que se iba a realizar “el primer aborto legal”. Luego algunas fuentes periodísticas indicaron que éste se realizaría en el Hospital Ramos Mejías. No hay dudas que el comportamiento que tuvo esta prensa fue absolutamente irresponsable. Pero quisiera centrarme ahora en nuestro gobernante electo. Macri olvidó, en primer lugar, que varios abortos permitidos legalmente se llevan a cabo en su jurisdicción por parte de profesionales de la salud comprometidos con sus obligaciones pese a la falta de acompañamiento de las autoridades de la Ciudad. Segundo, mostró un desprecio absoluto tanto por la intimidad como por la integridad física y psíquica de Lucía, al revelar esa información en un contexto en el que sabemos que grupos conservadores operan con alto grado de impunidad, violencia e incluso, como sucedió en este caso, con la complicidad de poderes institucionales. En definitiva, desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires nada se hizo para mejorar la “suerte” de Lucía, sino todo lo contrario.
Con la información brindada por el Jefe de la Ciudad, el grupo Pro- Familia interpuso una medida cautelar para evitar que el aborto no punible se realizará, haciendo una vez más uso de los tribunales para hostigar a las mujeres y minar las, de por si precarias, políticas de salud sexual y reproductivas. Un primer tribunal rechazó la presentación pero la “suerte” acompaño a esta organización. La jueza Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, dio lugar al pedido y ordenó la suspensión del aborto no punible programado para el martes. Con esta decisión, la jueza contrario no sólo lo decidido por el Máximo Tribunal del país sino su obligación de tomar decisiones basadas en derecho y no en opiniones personales.
Luego, como quien completa la escena, apareció el Ministro de Salud de la Nación, señalando el comportamiento desdeñable de Mauricio Macri. Estamos de acuerdo. Pero como queremos mejorar nuestra “suerte”, quisiéramos que la autoridad sanitaria nacional retomé su trabajo en el tema, colaborando con las provincias para garantizar el acceso los abortos ya permitidos desde 1921, y como parte de la tradición federal en materia de salud sexual y reproductiva.
Las mujeres no hemos corrido con “suerte” histórica, pero algunas hemos tenido más suerte que otras de nosotras. Lucía es la otra. El mensaje está claro. Mujeres, continúen abortando en el circuito clandestino. Las que tengan “suerte” lo harán en condiciones seguras y dignas, las que no, bueno, ya saben, no tienen “suerte”.
Pero hay quienes creemos que la “suerte” se puede cambiar; por eso seguimos trabajando y luchando.
* Abogada investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
Cuando la suerte está echada: el aborto y las mujeres
Por Agustina Ramón Michel*
A Lucía “la suerte” no la había acompañado. Es sobreviviente de una red de trata, es decir, de una de las formas de explotación más extremas a las que se puede estar sometida. Quedó embarazada en ese contexto de violencia sexual y solicitó la interrupción de su embarazo en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba avalada legalmente para hacerlo, tal como lo recordó la Corte Suprema de la Nación en la sentencia de marzo de este año. Hoy, el Estado podría haber aparecido en la vida de Lucía, ofreciéndole contención y respuesta, pero no lo hizo.
Una de las funciones que tiene el Estado es evitar que “la suerte” de las personas esté echada de una vez y para siempre. Esto es, por ejemplo, que alguien que nace en la pobreza extrema no esté condenada, como destino, a continuar en esa situación, sino que el Estado, a través de sus políticas, tenga un impacto en las posibilidades vitales de esa persona. En la Argentina, la Constitución Nacional así como nuestros acuerdos políticos y medidas institucionales parecen coincidir en esta finalidad.
El jueves el Jefe de Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a registros periodísticos, manifestó en una cena oficial que se iba a realizar “el primer aborto legal”. Luego algunas fuentes periodísticas indicaron que éste se realizaría en el Hospital Ramos Mejías. No hay dudas que el comportamiento que tuvo esta prensa fue absolutamente irresponsable. Pero quisiera centrarme ahora en nuestro gobernante electo. Macri olvidó, en primer lugar, que varios abortos permitidos legalmente se llevan a cabo en su jurisdicción por parte de profesionales de la salud comprometidos con sus obligaciones pese a la falta de acompañamiento de las autoridades de la Ciudad. Segundo, mostró un desprecio absoluto tanto por la intimidad como por la integridad física y psíquica de Lucía, al revelar esa información en un contexto en el que sabemos que grupos conservadores operan con alto grado de impunidad, violencia e incluso, como sucedió en este caso, con la complicidad de poderes institucionales. En definitiva, desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires nada se hizo para mejorar la “suerte” de Lucía, sino todo lo contrario.
Con la información brindada por el Jefe de la Ciudad, el grupo Pro- Familia interpuso una medida cautelar para evitar que el aborto no punible se realizará, haciendo una vez más uso de los tribunales para hostigar a las mujeres y minar las, de por si precarias, políticas de salud sexual y reproductivas. Un primer tribunal rechazó la presentación pero la “suerte” acompaño a esta organización. La jueza Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, dio lugar al pedido y ordenó la suspensión del aborto no punible programado para el martes. Con esta decisión, la jueza contrario no sólo lo decidido por el Máximo Tribunal del país sino su obligación de tomar decisiones basadas en derecho y no en opiniones personales.
Luego, como quien completa la escena, apareció el Ministro de Salud de la Nación, señalando el comportamiento desdeñable de Mauricio Macri. Estamos de acuerdo. Pero como queremos mejorar nuestra “suerte”, quisiéramos que la autoridad sanitaria nacional retomé su trabajo en el tema, colaborando con las provincias para garantizar el acceso los abortos ya permitidos desde 1921, y como parte de la tradición federal en materia de salud sexual y reproductiva.
Las mujeres no hemos corrido con “suerte” histórica, pero algunas hemos tenido más suerte que otras de nosotras. Lucía es la otra. El mensaje está claro. Mujeres, continúen abortando en el circuito clandestino. Las que tengan “suerte” lo harán en condiciones seguras y dignas, las que no, bueno, ya saben, no tienen “suerte”.
Pero hay quienes creemos que la “suerte” se puede cambiar; por eso seguimos trabajando y luchando.
* Abogada investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)