Las deudas del Estado con las mujeres con discapacidad
Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 22 septiembre, 2012
Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Argentina presentaron un Informe Alternativo ante la ONU sobre la situación en el país de las personas con discapacidad. Una mirada sobre la perspectiva de género.
De las preguntas sugeridas al estado Argentino, para la elaboración del informe oficial, 4 refieren a la situación de las mujeres con discapacidad, en consonancia con lo expresado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala de manera particular y transversal los derechos de niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad, como uno de los grupos especialmente vulnerados.
Las recomendaciones refieren a:
1- Propiciar el acceso de las PCD en todos los formatos a toda la información que se publica desde cualquier ámbito gubernamental y privado sobre salud y sexualidad.
2- Promover la implementación de medidas urgentes para garantizar, al menos en un centro de salud por región en ciudades de alta densidad de población, un dispositivo en salud que se componga de camillas accesibles y otros mecanismos que garanticen a las mujeres con discapacidad el acceso a todo estudio ginecológico.
3- Iniciar las medidas necesarias para garantizar la equidad de género en el cumplimiento del cupo laboral.
4- Realizar estudios de investigación sobre discapacidad y género ya que no se cuenta con datos oficiales sobre el tema.
5- Garantizar la incorporación de la mirada transversal y la inclusión de la temática de discapacidad y género en todas las futuras modificaciones legislativas, como ser la actual discusión sobre la reforma de la Ley N° 26.364.
La múltiple invisibilización que enfrentan las mujeres con discapacidad, deriva de su condición de mujer y de persona con discapacidad. Este hecho, acentúa las situaciones de desigualdad e injusticia y las colocan en una evidente desventaja respecto al resto de la ciudadanía. Ello se evidencia en el acceso limitado a servicios y prestaciones de salud de calidad suficiente, al empleo, a trayectos educativos incompletos, mayor riesgo de sufrir situaciones de violencia, etc. La discriminación mencionada no es la suma de las necesidades que se plantean por discapacidad y género, sino que al conjugarse ambas variables, se produce una situación diferente.
En la situación de las mujeres y de las personas con discapacidad, la diferencia se constituyó históricamente arraigada a la inferioridad y la subordinación, fundamentada y atravesada por las relaciones de poder, que se manifiestan como un ejercicio de violencia. Por ello en el mismo movimiento se distingue la diferencia, instituyéndose la desigualdad, se conforman diferencias desigualadas.
En el campo de la discapacidad al igual que en el de género queda reflejado que los cambios en las leyes por sí solos no son suficientes para promover un cambio en los comportamientos, en las mentalidades y en las estructuras sociales y políticas. La existencia de políticas compensatorias para minimizar la exclusión no es suficiente y el desafío es la construcción de una democracia radical, pluralista, que entienda la ciudadanía como una forma de identidad política que garantice la libertad e igualdad para todas las personas, que tome en cuenta las diferencias, que sea articulada con base a la equidad democrática.
Las deudas del Estado con las mujeres con discapacidad
Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Argentina presentaron un Informe Alternativo ante la ONU sobre la situación en el país de las personas con discapacidad. Una mirada sobre la perspectiva de género.
Por Bibiana Misischia– Fundación Invisibles
COMUNICAR IGUALDAD- Organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas con discapacidad presentaron un informe alternativo conjunto ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación en Argentina de las personas con discapacidad. El mismo fue elaborado por La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Federaciones Nacionales de Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM) y de Personas Ciegas (FAICA) y la Asociación por lo Derechos Civiles (A.D.C.), quienes enuncian que el mismo “realiza aportes desde el terreno y basándonos en nuestra experiencia cotidiana para favorecer la labor de los/as miembros/as del Comité a fin de que sus recomendaciones finales permitan impulsar avances concretos en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad en Argentina”.
De las preguntas sugeridas al estado Argentino, para la elaboración del informe oficial, 4 refieren a la situación de las mujeres con discapacidad, en consonancia con lo expresado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala de manera particular y transversal los derechos de niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad, como uno de los grupos especialmente vulnerados.
Las recomendaciones refieren a:
1- Propiciar el acceso de las PCD en todos los formatos a toda la información que se publica desde cualquier ámbito gubernamental y privado sobre salud y sexualidad.
2- Promover la implementación de medidas urgentes para garantizar, al menos en un centro de salud por región en ciudades de alta densidad de población, un dispositivo en salud que se componga de camillas accesibles y otros mecanismos que garanticen a las mujeres con discapacidad el acceso a todo estudio ginecológico.
3- Iniciar las medidas necesarias para garantizar la equidad de género en el cumplimiento del cupo laboral.
4- Realizar estudios de investigación sobre discapacidad y género ya que no se cuenta con datos oficiales sobre el tema.
5- Garantizar la incorporación de la mirada transversal y la inclusión de la temática de discapacidad y género en todas las futuras modificaciones legislativas, como ser la actual discusión sobre la reforma de la Ley N° 26.364.
La múltiple invisibilización que enfrentan las mujeres con discapacidad, deriva de su condición de mujer y de persona con discapacidad. Este hecho, acentúa las situaciones de desigualdad e injusticia y las colocan en una evidente desventaja respecto al resto de la ciudadanía. Ello se evidencia en el acceso limitado a servicios y prestaciones de salud de calidad suficiente, al empleo, a trayectos educativos incompletos, mayor riesgo de sufrir situaciones de violencia, etc. La discriminación mencionada no es la suma de las necesidades que se plantean por discapacidad y género, sino que al conjugarse ambas variables, se produce una situación diferente.
En la situación de las mujeres y de las personas con discapacidad, la diferencia se constituyó históricamente arraigada a la inferioridad y la subordinación, fundamentada y atravesada por las relaciones de poder, que se manifiestan como un ejercicio de violencia. Por ello en el mismo movimiento se distingue la diferencia, instituyéndose la desigualdad, se conforman diferencias desigualadas.
En el campo de la discapacidad al igual que en el de género queda reflejado que los cambios en las leyes por sí solos no son suficientes para promover un cambio en los comportamientos, en las mentalidades y en las estructuras sociales y políticas. La existencia de políticas compensatorias para minimizar la exclusión no es suficiente y el desafío es la construcción de una democracia radical, pluralista, que entienda la ciudadanía como una forma de identidad política que garantice la libertad e igualdad para todas las personas, que tome en cuenta las diferencias, que sea articulada con base a la equidad democrática.