Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 6 septiembre, 2012
Los últimos índices de mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad materna-MM-) que dio a conocer el Ministerio de Salud de la Nación, pertenecientes al año 2010, muestran que no se modificó la tendencia estancada que mantiene al país en uno de los lugares de mayor mortalidad de mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio del continente. Cada año mueren 44 mujeres por cada cien mil niñas y niños que nacen con vida, lo cual dio en el año 2010 un total de 331 muertes de mujeres. Especialistas en el tema analizan en qué está fallando el Estado para reducir un indicador que será el único de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que Argentina no podrá cumplir.
COMUNICAR IGUALDAD- La mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad materna-MM-) está estancada desde hace 20 años en Argentina en índices que oscilan entre 40 y 50 muertes de mujeres por cada cien mil niñas y niños que nacen con vida. Lo cual da por año un promedio de algo más de 300 mujeres que mueren por esta razón, definida por la Organización Mundial de la Salud como evitable. ¿Pero cómo podrían impedirse estas muertes? “Para la prevención o el tratamiento de cada una de las causas de muerte materna existe una intervención efectiva. Sin embargo, ninguna intervención por sí sola puede reducir las distintas causas de muertes maternas. Son necesarios, entonces, ‘paquetes de intervenciones’ que deben llegar a las mujeres por diferentes vías de distribución (capacitación de los equipos de salud, equipamiento de los centros, sistemas de referencia) para asegurar la mayor cobertura del grupo al que se desea llegar” se señala enLa situación de la mortalidad materna en Argentina, hoja informativa realizada en el 2010 por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR).
Los índices de mortalidad de mujeres gestantes suelen usarse a nivel internacional para medir el desarrollo de los países. En Argentina, un país que en desarrollo humano tiene indicadores altos, quedan opacados los esfuerzos de todas las demás áreas cuando se utiliza este indicador. Además de un índice que supera largamente al de otros de la región con niveles de desarrollo parecidos, la mortalidad de mujeres gestantes es enormemente dispar en nuestro país, con indicadores similares a los de las naciones menos desarrollados en algunas provincias, y otros tan bajos como los de países desarrollados en otras.
Según el informe Tendencias en la Mortalidad Materna: 1990-2010, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y el Banco Mundial, en Argentina se produce la muerte de 77 mujeres cada cien mil niñas y niños que nacen con vida, mientras en Brasil mueren 56, en Chile 25, y en Uruguay 29. En relación a la disparidad geográfica, según las mediciones del Ministerio de Salud de la Nación del 2010, mientras en Formosa se registran 16 del total de 44 muertes cada cien mil niñas y niños que nacen con vida, en la Ciudad de Buenos Aires se registran 9 y en Río Negro 8.
La impactante diferencia entre los indicadores del informe de las agencias de Naciones Unidas y el del Ministerio de Salud (mientras el primero habla de 77 muertes cada cien mil niñas y niños que nacen con vida, el segundo habla de 44) está siendo actualmente revisada ya que el informe de Naciones Unidas intentó medir el subregistro del indicador que se calcula que sería muy alto. Aún con estas diferencias, son similares en ambas mediciones la tendencia al estancamiento y la no mejora de Argentina. Según estas cifras, el país no logrará para el 2015 descender la tasa a 13 muertes de mujeres, un compromiso que asumió al firmar los Objetivos de Desarrollo del Milenio(ODM) en el 2000. El de Mortalidad Materna será el único ODM que el país no logre cumplir.
¿Por qué no desciende la mortalidad de mujeres gestantes?
Las muertes de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio no responden todas a las mismas causas. Según el trabajo del OSSyR, en base a las tendencias 2004-2008, las razones son: el embarazo terminado en aborto, en el 27% de los casos; causas obstétricas indirectas, 18,5%; causas obstétricas directas, 17%; hipertensión, 14%; sepsis y complicaciones del puerperio, 12,5%; hemorragia posparto, 6%; placenta previa y hemorragia ante-parto, 4%; y VIH, menos de 1%. Lo cual indica que para trabajar en su reducción deben abordarse tanto factores que tienen que ver con el tratamiento de las mujeres embarazadas dentro de las instituciones obstétricas como fuera de ellas y más vinculados a cuestiones sociales y culturales.
“Abordar la reducción de la mortalidad materna es complejo y simple a la vez –señala la médica Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudio de la Sociedad y el Estado (CEDES) y el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y una de las responsables del OSSyR-. Es complejo porque como todo problema que afecta la salud, tiene múltiples determinantes, algunos que competen directamente al sector salud, otros que tienen que ver con la posición de las mujeres en la sociedad y otros con las condiciones estructurales. Es simple porque los paquetes de intervenciones necesarios para incidir sobre cada una de las causas de muerte materna ya se conocen y sólo hay que implementarlos. El estado argentino ha puesto en marcha diversos planes. El desafío es desarrollarlos con una fuerte voluntad política y los recursos necesarios, hacer monitoreo y evaluación para que se hagan los ajustes necesarios y tener una función de rectoría de modo que los responsables de la implementación tengan claro qué debe hacerse y cómo. Por sobre esto, la rendición de cuentas es vital no sólo porque se debe decir qué se hace y qué falta sino también para que la ciudadanía se movilice y contribuya.”
Mabel Bianco –también médica y presidenta de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)- focaliza el diagnóstico fundamentalmente en los abortos clandestinos e inseguros, que son la primera causal de muertes de mujeres gestantes generando cerca de cien fallecimientos al año. “Si bien en el 2003 se implementó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, con ello quedó más en evidencia el peso de las complicaciones por abortos clandestinos, que es la principal causa de muerte materna y que se sostiene en la medida en que no se realizan interrupciones de embarazo en las causales reconocidas como excepción a la penalización del aborto del artículo 86 del Código Penal. El aborto es el último efecto de un proceso que se inicia con la educación sexual para poder decidir y la anticoncepción para evitar los embarazos no planeados; pero aunque se concrete la educación sexual -algo que a pesar de la ley todavía no ocurre- , y se implemente totalmente el Programa de Salud Sexual -algo que tampoco ocurre aunque es mejor que la educación sexual integral-, siempre va a quedar un remanente de casos como las violaciones, las fallas de los métodos anticonceptivos o las malformaciones incompatibles con la vida y otros casos , en los cuales se recurrirá al aborto . Y si éste no se realiza en los hospitales públicos, las mujeres y las familias lo hacen como pueden. El gobierno no logró garantizar la atención del aborto no punible ni tampoco implementar bien la atención post aborto con conserjería y provisión de métodos anticonceptivos para evitar la reincidencia. Y por ahora el ministro de Salud de la Nación y el resto de los funcionarios no enfrentan esto, por tanto la mortalidad materna no va a descender y seguirán muriendo mujeres.”
¿Qué se puede hacer?
Ennio Cuffino –médico y representante adjunto de UNICEF, una de las organizaciones de Naciones Unidas que realizaron el informe Tendencias en la Mortalidad Materna: 1990-2010– pone el acento también en la decisión política pero compartida entre los distintos estamentos del Estado. “No sólo el Ministerio de Salud es responsable de la situación actual, sino también las provincias” advierte el funcionario, que concentra sus sugerencias en el casi 75% de muertes de mujeres gestantes que no se deben a las complicaciones producto de abortos inseguros.
Uno de los aspectos que destaca Cuffino para reducir este 75% de muertes evitables es la regionalización del sistema de salud, es decir una mejor planificación de la ubicación de las maternidades que atiendan complejidades y de las que puedan dedicarse a partos normales. “Hoy tenemos 24 realidades diferentes dependiendo de cada provincia, pero no hay administración de estos recursos en forma nacional”. Enfatiza también la necesidad de mejora en la calidad de atención dentro de las instituciones obstétricas, “debe haber más preparación para las emergencias y realización de menos cesáreas”. Un tercer aspecto es la recuperación del rol de las obstétricas, tradicionalmente conocidas como parteras, que según explica vienen disminuyendo muchísimo en las instituciones de salud del país. Cuffino asocia el retorno de las parteras con la posibilidad de disminuir las cesáreas y la medicalización del parto en general. Otras observaciones que desde su punto de vista disminuirían la mortalidad de mujeres gestantes son la disponibilidad de bancos de sangre y la humanización del proceso de parto.
Mariana Romero coincide con las observaciones de Cuffino – “deben mejorarse las condiciones de las instituciones públicas donde se atienden nacimientos (digo públicas porque no hay supervisión ni auditoría del subsector de obras sociales y del privado); según un relevamiento realizado recientemente por la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud en la mitad de estas instituciones no se cumple con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, y lo mismo ocurre con el recurso humano- y agrega: “Hay estrategias generales que deben sostenerse y fortalecerse para la reducción de este indicador. La prevención del embarazo no deseado es probablemente la primera. El Programa Nacional de Salud Sexual ha crecido y se sostiene, pero a 10 años de su creación todavía no tiene una campaña en los medios y seguimos escuchando a mujeres que ven dificultado el acceso al DIU o a la ligadura tubaria”. Por último, focaliza en la necesidad de hacer un abordaje personalizado de la problemática de cada provincia: “Esto requiere de un diagnóstico afinado y de la identificación de las barreras y demoras que intervinieron en la muerte de las mujeres para poder actuar con eficiencia. Sin duda es una tarea que requiere esfuerzo, dedicación y pensamiento estratégico pero varios países de la región lo han logrado por lo que no hay razones para que Argentina no lo haga. Y no hay dudas que las 300 mujeres que mueren anualmente en el país lo merecen”.
Mabel Bianco, por su parte, concentra la responsabilidad en el Ministerio de Salud, particularmente en el caso de los abortos no punibles: “Se deben mejorar el acceso y las prestaciones del Programa de Salud Sexual, que el mismo sea accesible a todas y todos, incluidas las y los adolescentes, con todos los métodos anticonceptivos, adecuado aconsejamiento, provisión de anticoncepción de emergencia y es clave la implementación del Protocolo de Atención de la Violencia Sexual que se elaboró en el Ministerio y que no fue aprobado por resolución ministerial ni se promueve su implementación. Lo mismo sucede con la Guía de Atención de Abortos No Punibles, que también el Ministro se negó a adoptar por resolución. Cuando en marzo la Corte Suprema emitió el fallo clarificador que eliminó todas las dudas sobre la interpretación constitucional del artículo 86 inciso 2 del Código Penal, el ministro de Salud y todo su equipo lo ignoraron y al no hacerse cargo de la máxima responsabilidad que tiene de la política de salud dejó a las provincias a su libre albedrio y generando la situación actual en la que la vigencia de este derecho dependen del lugar en el que se vive. Se debe adoptar una política de prevención de la mortalidad materna que, entre otras cosas, incluya la aprobación de los dos protocolos y su aplicación en todo el país”.
Las mujeres siguen muriendo innecesariamente
Los últimos índices de mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad materna-MM-) que dio a conocer el Ministerio de Salud de la Nación, pertenecientes al año 2010, muestran que no se modificó la tendencia estancada que mantiene al país en uno de los lugares de mayor mortalidad de mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio del continente. Cada año mueren 44 mujeres por cada cien mil niñas y niños que nacen con vida, lo cual dio en el año 2010 un total de 331 muertes de mujeres. Especialistas en el tema analizan en qué está fallando el Estado para reducir un indicador que será el único de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que Argentina no podrá cumplir.
Por Sandra Chaher
COMUNICAR IGUALDAD- La mortalidad de mujeres gestantes (mortalidad materna-MM-) está estancada desde hace 20 años en Argentina en índices que oscilan entre 40 y 50 muertes de mujeres por cada cien mil niñas y niños que nacen con vida. Lo cual da por año un promedio de algo más de 300 mujeres que mueren por esta razón, definida por la Organización Mundial de la Salud como evitable. ¿Pero cómo podrían impedirse estas muertes? “Para la prevención o el tratamiento de cada una de las causas de muerte materna existe una intervención efectiva. Sin embargo, ninguna intervención por sí sola puede reducir las distintas causas de muertes maternas. Son necesarios, entonces, ‘paquetes de intervenciones’ que deben llegar a las mujeres por diferentes vías de distribución (capacitación de los equipos de salud, equipamiento de los centros, sistemas de referencia) para asegurar la mayor cobertura del grupo al que se desea llegar” se señala en La situación de la mortalidad materna en Argentina, hoja informativa realizada en el 2010 por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR).
Los índices de mortalidad de mujeres gestantes suelen usarse a nivel internacional para medir el desarrollo de los países. En Argentina, un país que en desarrollo humano tiene indicadores altos, quedan opacados los esfuerzos de todas las demás áreas cuando se utiliza este indicador. Además de un índice que supera largamente al de otros de la región con niveles de desarrollo parecidos, la mortalidad de mujeres gestantes es enormemente dispar en nuestro país, con indicadores similares a los de las naciones menos desarrollados en algunas provincias, y otros tan bajos como los de países desarrollados en otras.
Según el informe Tendencias en la Mortalidad Materna: 1990-2010, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y el Banco Mundial, en Argentina se produce la muerte de 77 mujeres cada cien mil niñas y niños que nacen con vida, mientras en Brasil mueren 56, en Chile 25, y en Uruguay 29. En relación a la disparidad geográfica, según las mediciones del Ministerio de Salud de la Nación del 2010, mientras en Formosa se registran 16 del total de 44 muertes cada cien mil niñas y niños que nacen con vida, en la Ciudad de Buenos Aires se registran 9 y en Río Negro 8.
La impactante diferencia entre los indicadores del informe de las agencias de Naciones Unidas y el del Ministerio de Salud (mientras el primero habla de 77 muertes cada cien mil niñas y niños que nacen con vida, el segundo habla de 44) está siendo actualmente revisada ya que el informe de Naciones Unidas intentó medir el subregistro del indicador que se calcula que sería muy alto. Aún con estas diferencias, son similares en ambas mediciones la tendencia al estancamiento y la no mejora de Argentina. Según estas cifras, el país no logrará para el 2015 descender la tasa a 13 muertes de mujeres, un compromiso que asumió al firmar los Objetivos de Desarrollo del Milenio(ODM) en el 2000. El de Mortalidad Materna será el único ODM que el país no logre cumplir.
¿Por qué no desciende la mortalidad de mujeres gestantes?
Las muertes de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio no responden todas a las mismas causas. Según el trabajo del OSSyR, en base a las tendencias 2004-2008, las razones son: el embarazo terminado en aborto, en el 27% de los casos; causas obstétricas indirectas, 18,5%; causas obstétricas directas, 17%; hipertensión, 14%; sepsis y complicaciones del puerperio, 12,5%; hemorragia posparto, 6%; placenta previa y hemorragia ante-parto, 4%; y VIH, menos de 1%. Lo cual indica que para trabajar en su reducción deben abordarse tanto factores que tienen que ver con el tratamiento de las mujeres embarazadas dentro de las instituciones obstétricas como fuera de ellas y más vinculados a cuestiones sociales y culturales.
“Abordar la reducción de la mortalidad materna es complejo y simple a la vez –señala la médica Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudio de la Sociedad y el Estado (CEDES) y el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y una de las responsables del OSSyR-. Es complejo porque como todo problema que afecta la salud, tiene múltiples determinantes, algunos que competen directamente al sector salud, otros que tienen que ver con la posición de las mujeres en la sociedad y otros con las condiciones estructurales. Es simple porque los paquetes de intervenciones necesarios para incidir sobre cada una de las causas de muerte materna ya se conocen y sólo hay que implementarlos. El estado argentino ha puesto en marcha diversos planes. El desafío es desarrollarlos con una fuerte voluntad política y los recursos necesarios, hacer monitoreo y evaluación para que se hagan los ajustes necesarios y tener una función de rectoría de modo que los responsables de la implementación tengan claro qué debe hacerse y cómo. Por sobre esto, la rendición de cuentas es vital no sólo porque se debe decir qué se hace y qué falta sino también para que la ciudadanía se movilice y contribuya.”
Mabel Bianco –también médica y presidenta de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)- focaliza el diagnóstico fundamentalmente en los abortos clandestinos e inseguros, que son la primera causal de muertes de mujeres gestantes generando cerca de cien fallecimientos al año. “Si bien en el 2003 se implementó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, con ello quedó más en evidencia el peso de las complicaciones por abortos clandestinos, que es la principal causa de muerte materna y que se sostiene en la medida en que no se realizan interrupciones de embarazo en las causales reconocidas como excepción a la penalización del aborto del artículo 86 del Código Penal. El aborto es el último efecto de un proceso que se inicia con la educación sexual para poder decidir y la anticoncepción para evitar los embarazos no planeados; pero aunque se concrete la educación sexual -algo que a pesar de la ley todavía no ocurre- , y se implemente totalmente el Programa de Salud Sexual -algo que tampoco ocurre aunque es mejor que la educación sexual integral-, siempre va a quedar un remanente de casos como las violaciones, las fallas de los métodos anticonceptivos o las malformaciones incompatibles con la vida y otros casos , en los cuales se recurrirá al aborto . Y si éste no se realiza en los hospitales públicos, las mujeres y las familias lo hacen como pueden. El gobierno no logró garantizar la atención del aborto no punible ni tampoco implementar bien la atención post aborto con conserjería y provisión de métodos anticonceptivos para evitar la reincidencia. Y por ahora el ministro de Salud de la Nación y el resto de los funcionarios no enfrentan esto, por tanto la mortalidad materna no va a descender y seguirán muriendo mujeres.”
¿Qué se puede hacer?
Ennio Cuffino –médico y representante adjunto de UNICEF, una de las organizaciones de Naciones Unidas que realizaron el informe Tendencias en la Mortalidad Materna: 1990-2010– pone el acento también en la decisión política pero compartida entre los distintos estamentos del Estado. “No sólo el Ministerio de Salud es responsable de la situación actual, sino también las provincias” advierte el funcionario, que concentra sus sugerencias en el casi 75% de muertes de mujeres gestantes que no se deben a las complicaciones producto de abortos inseguros.
Uno de los aspectos que destaca Cuffino para reducir este 75% de muertes evitables es la regionalización del sistema de salud, es decir una mejor planificación de la ubicación de las maternidades que atiendan complejidades y de las que puedan dedicarse a partos normales. “Hoy tenemos 24 realidades diferentes dependiendo de cada provincia, pero no hay administración de estos recursos en forma nacional”. Enfatiza también la necesidad de mejora en la calidad de atención dentro de las instituciones obstétricas, “debe haber más preparación para las emergencias y realización de menos cesáreas”. Un tercer aspecto es la recuperación del rol de las obstétricas, tradicionalmente conocidas como parteras, que según explica vienen disminuyendo muchísimo en las instituciones de salud del país. Cuffino asocia el retorno de las parteras con la posibilidad de disminuir las cesáreas y la medicalización del parto en general. Otras observaciones que desde su punto de vista disminuirían la mortalidad de mujeres gestantes son la disponibilidad de bancos de sangre y la humanización del proceso de parto.
Mariana Romero coincide con las observaciones de Cuffino – “deben mejorarse las condiciones de las instituciones públicas donde se atienden nacimientos (digo públicas porque no hay supervisión ni auditoría del subsector de obras sociales y del privado); según un relevamiento realizado recientemente por la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud en la mitad de estas instituciones no se cumple con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, y lo mismo ocurre con el recurso humano- y agrega: “Hay estrategias generales que deben sostenerse y fortalecerse para la reducción de este indicador. La prevención del embarazo no deseado es probablemente la primera. El Programa Nacional de Salud Sexual ha crecido y se sostiene, pero a 10 años de su creación todavía no tiene una campaña en los medios y seguimos escuchando a mujeres que ven dificultado el acceso al DIU o a la ligadura tubaria”. Por último, focaliza en la necesidad de hacer un abordaje personalizado de la problemática de cada provincia: “Esto requiere de un diagnóstico afinado y de la identificación de las barreras y demoras que intervinieron en la muerte de las mujeres para poder actuar con eficiencia. Sin duda es una tarea que requiere esfuerzo, dedicación y pensamiento estratégico pero varios países de la región lo han logrado por lo que no hay razones para que Argentina no lo haga. Y no hay dudas que las 300 mujeres que mueren anualmente en el país lo merecen”.
Mabel Bianco, por su parte, concentra la responsabilidad en el Ministerio de Salud, particularmente en el caso de los abortos no punibles: “Se deben mejorar el acceso y las prestaciones del Programa de Salud Sexual, que el mismo sea accesible a todas y todos, incluidas las y los adolescentes, con todos los métodos anticonceptivos, adecuado aconsejamiento, provisión de anticoncepción de emergencia y es clave la implementación del Protocolo de Atención de la Violencia Sexual que se elaboró en el Ministerio y que no fue aprobado por resolución ministerial ni se promueve su implementación. Lo mismo sucede con la Guía de Atención de Abortos No Punibles, que también el Ministro se negó a adoptar por resolución. Cuando en marzo la Corte Suprema emitió el fallo clarificador que eliminó todas las dudas sobre la interpretación constitucional del artículo 86 inciso 2 del Código Penal, el ministro de Salud y todo su equipo lo ignoraron y al no hacerse cargo de la máxima responsabilidad que tiene de la política de salud dejó a las provincias a su libre albedrio y generando la situación actual en la que la vigencia de este derecho dependen del lugar en el que se vive. Se debe adoptar una política de prevención de la mortalidad materna que, entre otras cosas, incluya la aprobación de los dos protocolos y su aplicación en todo el país”.