Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 18 agosto, 2012
La Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) realizó la investigación Beijing + 15 -Igualdad de género: de las palabras a los hechos en el que analiza la situación de la violencia de género, la salud y la participación política de las mujeres de Argentina. La conclusión fue que si bien el país tiene un muy buen marco normativo de protección de los derechos humanos de las mujeres, las leyes luego no se implementan. Transcribimos las conclusiones del informe y al final del texto se puede descargar el archivo completo.
COMUNICAR IGUALDAD- En general el análisis realizado permitió registrar en Argentina un avance en la legislación adoptada respecto a la igualdad de mujeres y hombres según lo propuesto en Beijing, pero este avance no se acompañó de la implementación de la adecuación del marco normativo. Como se dice en este informe, en nuestro país al problema no es el reconocimiento normativo de los derechos sino establecer los mecanismos para asegurar su ejercicio efectivo.
Otro problema grave lo constituye la carencia de información estadística que permita conocer la situación para diseñar políticas públicas adecuadas y evaluar/monitorear los avances, dificultades y retrocesos que a su vez permitan reajustar las políticas públicas.Esto que es básico en la planificación y administración de políticas públicas es algo que en los tres aspectos considerados salud, violencia y participación política se observó. La necesidad de contar con información estadística confiable y específica que permita conocer las variaciones regionales es clave y en nuestro país no existe o la que existe es pobre e insuficiente. Si bien esta ha sido una recomendación reiterada del Comité de Expertos de la CEDAW en las revisiones de Argentina, esto no ha registrado una mejora. Incluso aún en muchos casos los datos no están desagregados por sexo. Los cambios ocurridos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC- desde el 2007 no han contribuido a facilitar esto, por tanto han impactado negativamente en la información disponible para esta evaluación. Esto se ve agravado por la negativa a facilitar información pública de muchos organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales que se reiteró. La falta de una ley nacional de acceso a la información pública, favorece la actitud de negar el acceso a la información de los funcionarios públicos, lo que atenta contra la transparencia de la gestión e imposibilita el monitoreo y pedido de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.
El análisis de los datos constata que en Argentina existe un marco normativo/legal que abarca distintos espacios de la vida de las mujeres y mediante el cual es posible fundamentar que se produjeron avances, por lo menos a nivel legislativo, para mejorar la calidad de vida y el estado de salud de las mujeres, desde 1995 y acorde con las propuestas de Beijing. De los datos también se desprende que la realidad de las mujeres no traduce la aplicación plena del marco legislativo vigente, y es en este sentido en el que hay que trabajar y señalar las dificultades para cumplir las propuestas de la PAB de Beijing.
Un obstáculo fundamental a resolver es superar los problemas generados por la estructura política federal de Argentina, que obstaculiza resolver de manera efectiva problemas históricos de relación y distribución de recursos entre el gobierno central y/o los gobiernos provinciales/municipales. Las políticas planteadas y existentes en base a la legislación son aplicadas en forma muy dispar en las distintas provincias y municipios, por lo tanto, no
impactan en la población produciendo mejoras en su salud. Si bien la gran parte de los programas apunta a mejorar la situación de los sectores más relegados de la estructura social, a fin de que la totalidad de la población esté cubierta por el sistema de salud. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario. Los grupos sociales, así como las zonas geográficas del país, más necesitados y relegados, continúan manteniendo esa posición en la estructura social. La mayor desprotección, baja cobertura, menor información y más violencia continúan siendo más importantes en las mujeres pobres o
indigentes. Por lo tanto, para revertir esta situación es necesaria una importante acción de abogacía y monitoreo por parte de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres, sobre los servicios y las políticas públicas de salud. Capacitar a los actores encargados de la ejecución o implementación directa de las políticas públicas en políticas y perspectiva de género y en el marco de los derechos de las mujeres, es una necesidad a fin de mejorar y garantizar la situación de salud de mujeres y niñas. Desarrollar políticas públicas que contemplen la plena participación de las mujeres y sus organizaciones, así como desarrollar campañas que contribuyan a romper con las representaciones sociales construidas alrededor de los estereotipos de género, de las que viven con el VIH o padecen otros problemas de salud y favorecer una atención adecuada y de calidad a todas las mujeres. Traducir en la práctica institucional la construcción de una nueva modalidad de atención de las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo en el marco legal existente y la provisión de todos los MAC, incluidos los quirúrgicos como la ligadura de trompas, y otros como la anticoncepción hormonal de emergencia, es clave para garantizar la salud y los derechos reproductivos y disminuir el RMM (Razón de Mortalidad Materna) hoy en niveles inaceptablemente altos. Para lograr esto es necesario que se capacite a todo el personal de salud desde una perspectiva de género y de derechos humanos que sea la base de su atención a mujeres y niñas. La atención adecuada de las/os adolescentes y jóvenes, así como la implementación de la Educación Sexual Integral es otro requisito para cumplir con lo establecido en la Plataforma de Acción de Beijing.
En síntesis, si bien en estos 16 años desde la IV Conferencia Internacional de la Mujer, Beijing ’95, se sancionaron legislaciones que dieron respuesta a graves problemas que afectan la salud y la vida: violencia contra la mujer, salud sexual y reproductiva, programas de atención y provisión de recursos para el tratamiento y detección de enfermedades como el cáncer y el VIH/sida, los estudios e investigaciones realizadas demuestran que Argentina se encuentra aún lejos de cumplir los objetivos planteados en la Plataforma de Acción de Beijing, y que las acciones desarrolladas cumplen solo parcialmente con los objetivos a los cuales el país adhirió. Es innegable que se realizaron avances en términos legislativos y en algunos programas de salud, pero la brecha entre lo que la ley señala y lo que en sus vidas experimentan mujeres y niñas que se observa aún es grande y debe reducirse.
En el área de violencia contra mujeres y niñas esto es más evidente. Si bien en marzo de 2009 se aprobó la ley nº26.485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), su reglamentación fue prolongada, pero desde que se reglamentó en julio 2010 tampoco se avanzó en su implementación. Respecto a los programas y actividades debemos señalar que uno de los principales problemas es la existencia de múltiples instancias en los distintos ministerios y organismos nacionales, así como en las provincias y municipios, pero sin la articulación y coordinación necesaria. Esto implica el mayor uso de recursos con menor impacto, que se agrava por la baja asignación presupuestaria al órgano ejecutor y coordinador de estas políticas –el Consejo Nacional de las Mujeres- y, en general, la falta de decisión política para priorizar estas políticas por parte del gobierno nacional. Esto se observa también en la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales.
En lo relativo a la denuncia de la violencia contra mujeres y niñas, en las fuerzas de seguridad se registran problemas y rechazos, los que deberían estar
superados no solo por la capacitación y sensibilización del personal, algo aún pendiente, sino también por la existencia de protocolos para las denuncias que no se desarrollaron aunque la ley lo establece. Todo lo relativo a la prevención de la violencia está en mora ya que no se realizan campañas sistemáticas y sostenidas de difusión en medios masivos, a fin de desnaturalizar la violencia contra mujeres y niñas, ni se ha incorporado en el curriculum escolar la prevención de la violencia. Tampoco se ha capacitado a los docentes y maestros ni a los profesionales de la salud para
prevenir esta violencia e inclusive detectarla en etapas precoces y tratarla, mecanismo que actúa previniendo consecuencias más graves.
En los últimos 5 años se observó el desarrollo de muchos programas en distintos ministerios nacionales, así como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos bien orientados pero con una característica, la concentración en la Ciudad de Buenos Aires con una considerable falta de coordinación entre ellos. A su vez en las provincias y municipios también se registra esta superposición de servicios sin coordinación, pero en menor medida respecto a la cantidad existente. Todo esto resulta en el escaso impacto en la población con una gran inversión de recursos debido a la superposición de responsabilidad con la multiplicidad de inversión económica y de recursos humanos. En síntesis se desperdician recursos y no se atiende ni previene la violencia que sufren mujeres y niñas con el consiguiente impacto en su vida, su salud y su bienestar.
En lo relativo a la participación política de las mujeres, Argentina es considerada una abanderada debido a la ley de cuotas sancionada en 1991. Esto
si bien es un avance importante logrado por la lucha del movimiento de mujeres, no se traduce aún en la participación de las mujeres en el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerios y Secretarias de Estado) ni en los provinciales (gobernadores, vicegobernadores, ministros provinciales). Tampoco a nivel de la justicia y en los sindicatos estos avances son tan claros ni evidentes y si bien hay legislación, no se implementa. El campo sindical es el más relegado y donde la participación de las mujeres es mínima.
En síntesis podemos señalar que en Argentina aún la equidad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas no están logradas, por tanto aún el camino a recorrer es importante. Esto exige una actitud pro-activa por parte de los gobiernos tanto el nacional como
los provinciales y municipales y debe ser asumido por hombres y mujeres en cargos de decisión política.
Este es el desafío que a tres años de cumplir 20 años de la 5º Conferencia Internacional de la Mujer y de aprobarse la Plataforma de Acción de la misma es urgente promover cambios tendientes a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Este informe es una contribución y pretende abrir el diálogo con las autoridades, así como con toda la sociedad.
¿Las leyes no fueron hechas para cumplirse?
La Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) realizó la investigación Beijing + 15 -Igualdad de género: de las palabras a los hechos en el que analiza la situación de la violencia de género, la salud y la participación política de las mujeres de Argentina. La conclusión fue que si bien el país tiene un muy buen marco normativo de protección de los derechos humanos de las mujeres, las leyes luego no se implementan. Transcribimos las conclusiones del informe y al final del texto se puede descargar el archivo completo.
COMUNICAR IGUALDAD- En general el análisis realizado permitió registrar en Argentina un avance en la legislación adoptada respecto a la igualdad de mujeres y hombres según lo propuesto en Beijing, pero este avance no se acompañó de la implementación de la adecuación del marco normativo. Como se dice en este informe, en nuestro país al problema no es el reconocimiento normativo de los derechos sino establecer los mecanismos para asegurar su ejercicio efectivo.
Otro problema grave lo constituye la carencia de información estadística que permita conocer la situación para diseñar políticas públicas adecuadas
y evaluar/monitorear los avances, dificultades y retrocesos que a su vez permitan reajustar las políticas públicas. Esto que es básico en la planificación y administración de políticas públicas es algo que en los tres aspectos considerados salud, violencia y participación política se observó. La necesidad de contar con información estadística confiable y específica que permita conocer las variaciones regionales es clave y en nuestro país no existe o la que existe es pobre e insuficiente. Si bien esta ha sido una recomendación reiterada del Comité de Expertos de la CEDAW en las revisiones de Argentina, esto no ha registrado una mejora. Incluso aún en muchos casos los datos no están desagregados por sexo. Los cambios ocurridos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC- desde el 2007 no han contribuido a facilitar esto, por tanto han impactado negativamente en la información disponible para esta evaluación. Esto se ve agravado por la negativa a facilitar información pública de muchos organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales que se reiteró. La falta de una ley nacional de acceso a la información pública, favorece la actitud de negar el acceso a la información de los funcionarios públicos, lo que atenta contra la transparencia de la gestión e imposibilita el monitoreo y pedido de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.
El análisis de los datos constata que en Argentina existe un marco normativo/legal que abarca distintos espacios de la vida de las mujeres y mediante el cual es posible fundamentar que se produjeron avances, por lo menos a nivel legislativo, para mejorar la calidad de vida y el estado de salud de las mujeres, desde 1995 y acorde con las propuestas de Beijing. De los datos también se desprende que la realidad de las mujeres no traduce la aplicación plena del marco legislativo vigente, y es en este sentido en el que hay que trabajar y señalar las dificultades para cumplir las propuestas de la PAB de Beijing.
Un obstáculo fundamental a resolver es superar los problemas generados por la estructura política federal de Argentina, que obstaculiza resolver de manera efectiva problemas históricos de relación y distribución de recursos entre el gobierno central y/o los gobiernos provinciales/municipales. Las políticas planteadas y existentes en base a la legislación son aplicadas en forma muy dispar en las distintas provincias y municipios, por lo tanto, no
impactan en la población produciendo mejoras en su salud. Si bien la gran parte de los programas apunta a mejorar la situación de los sectores más relegados de la estructura social, a fin de que la totalidad de la población esté cubierta por el sistema de salud. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario. Los grupos sociales, así como las zonas geográficas del país, más necesitados y relegados, continúan manteniendo esa posición en la estructura social. La mayor desprotección, baja cobertura, menor información y más violencia continúan siendo más importantes en las mujeres pobres o
indigentes. Por lo tanto, para revertir esta situación es necesaria una importante acción de abogacía y monitoreo por parte de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres, sobre los servicios y las políticas públicas de salud. Capacitar a los actores encargados de la ejecución o implementación directa de las políticas públicas en políticas y perspectiva de género y en el marco de los derechos de las mujeres, es una necesidad a fin de mejorar y garantizar la situación de salud de mujeres y niñas. Desarrollar políticas públicas que contemplen la plena participación de las mujeres y sus organizaciones, así como desarrollar campañas que contribuyan a romper con las representaciones sociales construidas alrededor de los estereotipos de género, de las que viven con el VIH o padecen otros problemas de salud y favorecer una atención adecuada y de calidad a todas las mujeres. Traducir en la práctica institucional la construcción de una nueva modalidad de atención de las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo en el marco legal existente y la provisión de todos los MAC, incluidos los quirúrgicos como la ligadura de trompas, y otros como la anticoncepción hormonal de emergencia, es clave para garantizar la salud y los derechos reproductivos y disminuir el RMM (Razón de Mortalidad Materna) hoy en niveles inaceptablemente altos. Para lograr esto es necesario que se capacite a todo el personal de salud desde una perspectiva de género y de derechos humanos que sea la base de su atención a mujeres y niñas. La atención adecuada de las/os adolescentes y jóvenes, así como la implementación de la Educación Sexual Integral es otro requisito para cumplir con lo establecido en la Plataforma de Acción de Beijing.
En síntesis, si bien en estos 16 años desde la IV Conferencia Internacional de la Mujer, Beijing ’95, se sancionaron legislaciones que dieron respuesta
a graves problemas que afectan la salud y la vida: violencia contra la mujer, salud sexual y reproductiva, programas de atención y provisión de recursos para el tratamiento y detección de enfermedades como el cáncer y el VIH/sida, los estudios e investigaciones realizadas demuestran que Argentina se encuentra aún lejos de cumplir los objetivos planteados en la Plataforma de Acción de Beijing, y que las acciones desarrolladas cumplen solo parcialmente con los objetivos a los cuales el país adhirió. Es innegable que se realizaron avances en términos legislativos y en algunos programas de salud, pero la brecha entre lo que la ley señala y lo que en sus vidas experimentan mujeres y niñas que se observa aún es grande y debe reducirse.
En el área de violencia contra mujeres y niñas esto es más evidente. Si bien en marzo de 2009 se aprobó la ley nº26.485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), su reglamentación fue prolongada, pero desde que se reglamentó en julio 2010 tampoco se avanzó en su implementación. Respecto a los programas y actividades debemos señalar que uno de los principales problemas es la existencia de múltiples instancias en los distintos ministerios y organismos nacionales, así como en las provincias y municipios, pero sin la articulación y coordinación necesaria. Esto implica el mayor uso de recursos con menor impacto, que se agrava por la baja asignación presupuestaria al órgano ejecutor y coordinador de estas políticas –el Consejo Nacional de las Mujeres- y, en general, la falta de decisión política para priorizar estas políticas por parte del gobierno nacional. Esto se observa también en la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales.
En lo relativo a la denuncia de la violencia contra mujeres y niñas, en las fuerzas de seguridad se registran problemas y rechazos, los que deberían estar
superados no solo por la capacitación y sensibilización del personal, algo aún pendiente, sino también por la existencia de protocolos para las denuncias que no se desarrollaron aunque la ley lo establece. Todo lo relativo a la prevención de la violencia está en mora ya que no se realizan campañas sistemáticas y sostenidas de difusión en medios masivos, a fin de desnaturalizar la violencia contra mujeres y niñas, ni se ha incorporado en el curriculum escolar la prevención de la violencia. Tampoco se ha capacitado a los docentes y maestros ni a los profesionales de la salud para
prevenir esta violencia e inclusive detectarla en etapas precoces y tratarla, mecanismo que actúa previniendo consecuencias más graves.
En los últimos 5 años se observó el desarrollo de muchos programas en distintos ministerios nacionales, así como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos bien orientados pero con una característica, la concentración en la Ciudad de Buenos Aires con una considerable falta de coordinación entre ellos. A su vez en las provincias y municipios también se registra esta superposición de servicios sin coordinación, pero en menor medida respecto a la cantidad existente. Todo esto resulta en el escaso impacto en la población con una gran inversión de recursos debido a la superposición de responsabilidad con la multiplicidad de inversión económica y de recursos humanos. En síntesis se desperdician recursos y no se atiende ni previene la violencia que sufren mujeres y niñas con el consiguiente impacto en su vida, su salud y su bienestar.
En lo relativo a la participación política de las mujeres, Argentina es considerada una abanderada debido a la ley de cuotas sancionada en 1991. Esto
si bien es un avance importante logrado por la lucha del movimiento de mujeres, no se traduce aún en la participación de las mujeres en el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerios y Secretarias de Estado) ni en los provinciales (gobernadores, vicegobernadores, ministros provinciales). Tampoco a nivel de la justicia y en los sindicatos estos avances son tan claros ni evidentes y si bien hay legislación, no se implementa. El campo sindical es el más relegado y donde la participación de las mujeres es mínima.
En síntesis podemos señalar que en Argentina aún la equidad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas no están logradas, por tanto aún el camino a recorrer es importante. Esto exige una actitud pro-activa por parte de los gobiernos tanto el nacional como
los provinciales y municipales y debe ser asumido por hombres y mujeres en cargos de decisión política.
Este es el desafío que a tres años de cumplir 20 años de la 5º Conferencia Internacional de la Mujer y de aprobarse la Plataforma de Acción de la misma es urgente promover cambios tendientes a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Este informe es una contribución y pretende abrir el diálogo con las autoridades, así como con toda la sociedad.
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