Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 23 julio, 2012
Nicaragua y México aumentaron sustancialmente en los últimos meses la cantidad de mujeres en los cargos legislativos nacionales. En el caso de Nicaragua, una ley reciente prevé que a partir de las elecciones municipales de este año, el país cuente también con un 50% de alcaldesas y concejalas. Los avances, sin embargo, no son valorados en el marco de la disputa política entre sandinistas y antisandinistas.
Por Sandra Chaher, desde Managua
COMUNICAR IGUALDAD- El 8 de marzo del 2012 fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Nicaragua una reforma a la Ley de Municipios que prevé que para las próximas elecciones comunales, que se realizarán este año, el 50% de las candidaturas para los ejecutivos y legislativos comunales esté integrada por mujeres. El proyecto de ley fue enviado por el presidente Daniel Ortega al Parlamento poco antes del 8 de marzo y aprobado ese mismo día como conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La reforma permitirá sumar a partir de este año más cargos femeninos en los ámbitos comunales. Sin embargo, a nivel nacional, Nicaragua modificó sustancialmente la representación de las mujeres a partir de las elecciones nacionales de noviembre del 2011, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (el partido liderado por Ortega) promovió que las candidaturas de su partido estuvieran integradas en un 50% por mujeres. Al obtener el sandinismo más del 60% de los votos, actualmente la Asamblea Nacional está integrada por un 42% de mujeres, 18,5% más que en el período 2007-2011.
Si bien tanto la modificación de La Ley de Municipios, como el acceso de las mujeres a cargos legislativos, son históricos reclamos del movimiento de mujeres y de los organismos de derechos humanos, la recepción de ambas medidas estuvo dividida entre quienes las ven como un avance en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y quienes las califican como una manipulación del FSLN para nombrar políticas afines al partido que, se presume, serían fácilmente controlables.
“Yo me pregunto: ¿De qué sirve que actualmente en la Asamblea Nacional el FSLN tenga tantas mujeres, si estas son absolutamente leales al régimen y carecen de un caudal político de respaldo o legitimidad propia?” se preguntaba el 13 de marzo en El Nuevo Diario Uriel Pineda Quinteros, integrante de la Juventud del Partido Conservador. Luisa Molina, representante de la Coordinadora Civil, señalaba también en el mismo diario: “Así a simple vista parece una manipulación política partidaria. No se puede manipular con propuestas de fondo que hemos venido haciendo las mujeres, desde la Red de Mujeres, desde el Movimiento Autónomo de Mujeres, de que la participación debe ser verdadera e independiente, no manipulada y partidaria”. Por su parte Azahalea Solís, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) observóque con esta iniciativa Ortega busca “proyectarse al “exterior para decir que aquí en Nicaragua se ha aprobado una ley para las mujeres” y “está usando a las mujeres como un ‘número’, como una ‘cantidad’ y no se les valora por sus ‘capacidades’”. Para Ligia Arana -directora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Centroamericana (UCA)- en cambio, las medidas son sumamente positivas y junto a la también recientemente sancionada Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres permiten avanzar en el cumplimineto de derechos y la agenda de género.
Aunque la mejora de la participación política de las mujeres hubiera sido promovida aisladamente, sin estar enmarcada en una política pública integral de género, como denuncian algunas integrantes del movimiento feminista, su mérito no es menor ya que está probado por experiencias de otros países que la participación de las mujeres en ámbitos políticos genera mayor sensibilidad en éstos hacia temas de género, además de democratizar el control del poder político. Por otra parte, suponer que las mujeres que accedan a cargos a través de esta nueva normativa serán más manipulables o controlables que los varones en similares circunstancias, es un enorme prejuicio de género.
El liderazgo que está ejerciendo Daniel Ortega actualmente del FSLN, muy alejado de algunas de las premisas del proceso revolucionario que gobernó el país entre 1980 y 1990, divide al feminismo y a otros sectores frente a medidas que en otro contexto sociopolítico serían aplaudidas como avances en la agenda de género.
México
En México también mejoró sustancialmente la participación política de las mujeres luego de las elecciones nacionales de julio de este año. 31,7% de la próxima Cámara Baja y 35% del Senado estarán integrados por mujeres. Si bien México tiene disposiciones relativas a la representación de las mujeres en política desde 1996, y Ley de Cuotas desde el 2002, éstas no eran cumplidas por los partidos políticos. Ateriormente, las legisladoras no superaban el 20%.
La transformación no se debió a una decisión de las autoridades políticas de profundizar la representación femenina ni cumplir con las normas vigentes, sino a un juicio interpuesto por mujeres militantes de distintos partidos en el 2011ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para obligar a los partidos a cumplir la cuota 60-40 en candidaturas a diputaciones y senadurías. El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del TEPJF emitió una sentencia que obligó a los partidos políticos al cumplimiento de la cuota con vistas a las recientes elecciones nacionales.
Avanza la paridad política en Nicaragua y México
Nicaragua y México aumentaron sustancialmente en los últimos meses la cantidad de mujeres en los cargos legislativos nacionales. En el caso de Nicaragua, una ley reciente prevé que a partir de las elecciones municipales de este año, el país cuente también con un 50% de alcaldesas y concejalas. Los avances, sin embargo, no son valorados en el marco de la disputa política entre sandinistas y antisandinistas.
Por Sandra Chaher, desde Managua
COMUNICAR IGUALDAD- El 8 de marzo del 2012 fue aprobada porla Asamblea Legislativala Ley de Municipios que prevé que para las próximas elecciones comunales, que se realizarán este año, el 50% de las candidaturas para los ejecutivos y legislativos comunales esté integrada por mujeres. El proyecto de ley fue enviado por el presidente Daniel Ortega al Parlamento poco antes del 8 de marzo y aprobado ese mismo día como conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La reforma permitirá sumar a partir de este año más cargos femeninos en los ámbitos comunales. Sin embargo, a nivel nacional, Nicaragua modificó sustancialmente la representación de las mujeres a partir de las elecciones nacionales de noviembre del 2011, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (el partido liderado por Ortega) promovió que las candidaturas de su partido estuvieran integradas en un 50% por mujeres. Al obtener el sandinismo más del 60% de los votos, actualmentela Asamblea Nacional
Si bien tanto la modificación deLa Ley de Municipios, como el acceso de las mujeres a cargos legislativos, son históricos reclamos del movimiento de mujeres y de los organismos de derechos humanos, la recepción de ambas medidas estuvo dividida entre quienes las ven como un avance en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y quienes las califican como una manipulación del FSLN para nombrar políticas afines al partido que, se presume, serían fácilmente controlables.
“Yo me pregunto: ¿De qué sirve que actualmente enla Asamblea Nacional el FSLN tenga tantas mujeres, si estas son absolutamente leales al régimen y carecen de un caudal político de respaldo o legitimidad propia?” se preguntaba el 13 de marzo en El Nuevo Diario Uriel Pineda Quinteros, integrante de la Juventud del Partido Conservador. Luisa Molina, representante de la Coordinadora Civil , señalaba también en el mismo diario: “Así a simple vista parece una manipulación política partidaria. No se puede manipular con propuestas de fondo que hemos venido haciendo las mujeres, desde la Red de Mujeres, desde el Movimiento Autónomo de Mujeres, de que la participación debe ser verdadera e independiente, no manipulada y partidaria”. Por su parte Azahalea Solís, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) observó que con esta iniciativa Ortega busca “proyectarse al “exterior para decir que aquí en Nicaragua se ha aprobado una ley para las mujeres” y “está usando a las mujeres como un ‘número’, como una ‘cantidad’ y no se les valora por sus ‘capacidades’”. Para Ligia Arana -directora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Centroamericana (UCA)- en cambio, las medidas son sumamente positivas y junto a la también recientemente sancionada Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres permiten avanzar en el cumplimineto de derechos y la agenda de género.
Aunque la mejora de la participación política de las mujeres hubiera sido promovida aisladamente, sin estar enmarcada en una política pública integral de género, como denuncian algunas integrantes del movimiento feminista, su mérito no es menor ya que está probado por experiencias de otros países que la participación de las mujeres en ámbitos políticos genera mayor sensibilidad en éstos hacia temas de género, además de democratizar el control del poder político. Por otra parte, suponer que las mujeres que accedan a cargos a través de esta nueva normativa serán más manipulables o controlables que los varones en similares circunstancias, es un enorme prejuicio de género.
El liderazgo que está ejerciendo Daniel Ortega actualmente del FSLN, muy alejado de algunas de las premisas del proceso revolucionario que gobernó el país entre 1980 y 1990, divide al feminismo y a otros sectores frente a medidas que en otro contexto sociopolítico serían aplaudidas como avances en la agenda de género.
México
En México también mejoró sustancialmente la participación política de las mujeres luego de las elecciones nacionales de julio de este año. 31,7% de la próxima Cámara Baja y 35% del Senado estarán integrados por mujeres. Si bien México tiene disposiciones relativas a la representación de las mujeres en política desde 1996, y Ley de Cuotas desde el 2002, éstas no eran cumplidas por los partidos políticos. Ateriormente, las legisladoras no superaban el 20%.
La transformación no se debió a una decisión de las autoridades políticas de profundizar la representación femenina ni cumplir con las normas vigentes, sino a un juicio interpuesto por mujeres militantes de distintos partidos en el 2011ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación (TEPJF) para obligar a los partidos a cumplir la cuota 60-40 en candidaturas a diputaciones y senadurías. El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del TEPJF emitió una sentencia que obligó a los partidos políticos al cumplimiento de la cuota con vistas a las recientes elecciones nacionales.